La mitad de las empresas españolas recibe peticiones para alargar los plazos de pago

Cuadrar gasto, ahorro y pago de facturas es uno de los principales retos de autónomos, pymes y grandes empresas. La incertidumbre con la que se encara el día a día hace que los tiempos de cobro sean especialmente importantes para la salud de sus cuentas.

Según el nuevo Informe Europeo de Pagos elaborado por Intrum, compañía líder mundial en gestión de crédito y activos, el 51% de las empresas españolas recibe peticiones para aceptar plazos de pago más largos. De ellas, el 42% termina cediendo ante sus clientes y acepta ampliar los plazos de pago, especialmente cuando se trata de grandes multinacionales.

“El incumplimiento de los plazos de pago provoca inseguridad en el tejido empresarial, por lo que es necesario que todas las cuestiones relacionadas con unas condiciones de pago razonables, tengan más peso en la gestión empresarial y pasen a ser una parte importante de la responsabilidad corporativa de todas las compañías”, apunta Alejandro Zurbano, director general de Intrum en España.

Concretamente, entre las 9.840 compañías entrevistadas de 29 países para este estudio, seis de cada diez reconocen pagar tarde de forma sistemática. Las españolas se sitúan en el segundo puesto del top ten de las empresas que mejores condiciones de pago permiten a sus clientes finales (B2C), alcanzando los 46 días de media, cuatro más que en 2017.

Seguidamente se sitúan Serbia (40), Portugal (36), Italia (32), Francia (29), Bulgaria y Suecia (26), Alemania (25) y Croacia (22), mientras que Bosnia Herzegovina ocupa el primer puesto al permitir un plazo medio de pago a los clientes finales de 47 días. En el extremo opuesto se sitúan las empresas de Estonia, con sólo 11 días.

En lo que respecta a los tiempos de pago permitidos a los clientes corporativos (B2B), éstos aumentan hasta los 51 días en España, situándose en tercer lugar del ranking, por detrás de Portugal (53) y Bosnia Herzegovina (70).

Seguidamente se sitúa Italia con pagos a 50 días, Grecia (41), Francia (40), Rumanía y Bulgaria (36) y, para cerrar el top ten, República Checa y Croacia con plazos de 32 días.

El sector público es uno de los que más ha bajado sus plazos de pago, pasando de los 59 días en 2017 a los 51 en el caso español. Una cifra que sitúa a España en el quinto lugar del ranking, por detrás de Italia (73), Bosnia Herzegovina (67), Grecia (65) y Portugal (54). El top ten lo completan Rumanía con pagos promedio de 48 días, Francia (44), Serbia (41), Bélgica (39) y Croacia (38).

Por tamaño de empresa, las multinacionales son las que más instan a las compañías a alargar los plazos de pago. Según muestra este informe elaborado por Intrum, en el que se ha entrevistado a 1.126 empresas españolas, el 64% de las compañías ha aceptado que las grandes corporaciones le pagasen tarde, un 20% más de las que lo hicieron en 2017.

España, entre las que menos sancionan
Los retrasos en los pagos son una tendencia afianzada en el tejido empresarial español que seguirá manteniéndose el próximo año. De acuerdo con El Informe Europeo de Pagos, sólo el 15% de las compañías considera que el riesgo deudor bajará en los próximos 12 meses.

A pesar de que el 51% de las empresas españolas dice estar familiarizada con la directiva europea de medidas de lucha contra la morosidad, únicamente el 12% confirma aplicar un recargo de mínimo 40 euros por pagos atrasados, un porcentaje muy inferior al promedio europeo (29%).

No obstante, el 56% de las empresas españolas encuestadas asegura que no cuenta en ningún caso con garantías bancarias, seguros de crédito o protección contra impagos.

“La gestión del crédito puede poner en peligro la supervivencia de cualquier empresa. Por ello, es necesario apostar por un comercio sencillo y seguro con el que ayudemos a las empresas a proteger sus pagos. Solo así contribuimos a una economía sólida para las personas, las empresas y la sociedad”, explica Alejandro Zurbano, director general de Intrum en España.

Aun así, las organizaciones españolas están entre las que menos disminuyen sus ganancias por deudas incobrables. En promedio, sólo el 0,7% de los ingresos anuales tuvieron que ser cancelados, frente al 2% de 2017.