Observador de la UIP está en Colombia y vigilará actuación de la Corte en juicio a Zuccardi
Se trata del abogado británico Nick Stanage, quien tendrá la tarea de observar las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia de Colombia en el juicio que ese cuerpo colegiado le sigue a la hoy exsenadora de la República, Piedad Zuccardi.
En el caso de Zuccardi, la Unión Interparlamentaria, UIP, en el pasado y a través de dos resoluciones, ha manifestado su preocupación por lo que la defensa de la exparlamentaria en Colombia y ante organismos internacionales, considera vulneraciones a derechos y garantías fundamentales.
En este sentido, Stanage, en representación de la UIP, que extiende la vigilancia internacional frente a argumentos fundados de vulneración de reglas del debido proceso, deberá determinar si ese alto tribunal de justicia le ha violado las garantías procesales a la exparlamentaria bolivarense del Partido de la U.
“Preocupa profundamente la decisión de la Corte Suprema de reabrir el caso, habida cuenta de que las preocupaciones generales sobre el derecho a un juicio imparcial en procesos penales contra parlamentarios colombianos se ven agravadas en este caso por acusaciones de graves y numerosas irregularidades”, puntualiza la UIP en uno de sus pronunciamientos.
La presencia en Colombia de Nick Stanage coincide con la propuesta legislativa del Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, para modificar la ley procesal en lo que afecta a los derechos fundamentales de los aforados y, de esa forma, cumplir con los convenios internacionales suscritos por este país.
La reforma planteada por Montealegre va lejos y busca equiparar en derechos a los aforados respecto de cualquier otro ciudadano, para evitar así que Colombia sea condenada en los tribunales internacionales por violar derechos humanos o garantías procesales que son patrimonio de cualquier acusado.
La preocupación de este organismo internacional, cobija también al excongresista Óscar Arboleda, enjuiciado por la Corte Suprema y la “impunidad” “en los casos de asesinato del senador Luis Carlos Galán y de congresistas de la Unión Patriótica, así como en los casos de amenazas de congresistas del Polo Democrático Alternativo, en particular del senador Iván Cepeda Castro”.