Según APRA, en peligro los derechos de 213 millones de pasajeros aéreos de Europa

La Covid-19 ha puesto el mundo patas arriba y ha causado estragos en la industria de la aviación. Muchas aerolíneas han recibido rescates financieros, y la UE ha abandonado temporalmente sus estrictas normas sobre el cumplimiento de las franjas horarias en los aeropuertos. Las compañías aéreas también están utilizando la actual situación de la covid-19 en un intento de socavar los derechos de los pasajeros aéreos en Europa con consecuencias críticas a largo plazo. Si tienen éxito, es probable que la Unión Europea vea un enorme aumento de los vuelos retrasados y cancelados. Además de denegar a los pasajeros su derecho a la devolución de los billetes, la ERA también ha pedido cambios permanentes en el reglamento de los derechos de los pasajeros europeos, EC 261.

Una revisión del reglamento podría estar prevista en junio, y si los cambios propuestos se aprueban, otros 10,2 millones de pasajeros podrían sufrir interrupciones de los vuelos cada año. Además, casi 5 millones de viajeros de la UE perderían su derecho a la compensación por las interrupciones de los vuelos de las que es responsable la aerolínea. Esto deja un campo abierto que contrasta con el artículo 38 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE: "Las políticas de la Unión garantizarán un alto nivel de protección". A esta cantidad se tendría que sumar los 203 millones de pasajeros europeos afectados en 2019 por vuelos retrasados o cancelados.

"La crisis del coronavirus ha demostrado una vez más que las compañías aéreas siempre darán prioridad a sus balances frente a los pasajeros. Si bien reconocemos que se trata de una situación excepcional, también pone en relieve la importancia de garantizar que los derechos de los pasajeros aéreos europeos sigan siendo sólidos en el futuro. Las decisiones no deben tomarse apresuradamente, por lo que sería aconsejable posponer las negociaciones sobre la revisión de la CE 261 hasta que la crisis haya terminado", afirma Christian Nielsen, miembro de la junta directiva y portavoz de APRA (Asociación de Defensores de los Derechos de los Pasajeros).

Actualmente, los pasajeros tienen derecho a una compensación económica cuando su vuelo se cancela o sufre un retraso de más de 3 horas - cuando la interrupción es causada por la propia compañía aérea. En algunas circunstancias, los pasajeros también tienen derecho a comidas, refrigerios y, si es necesario, alojamiento.

El lobby de las aerolíneas quiere cambiar 2 cosas principales de esta ley. Aumentar el límite de tiempo para los retrasos de 3 a 5 horas (e incluso hasta 12 horas para los vuelos de larga distancia), antes de que un pasajero pueda reclamar alguna compensación, y eliminar la responsabilidad de la aerolínea por los problemas de vuelo que son causados por problemas técnicos con el avión.

Es probable que los cambios propuestos tengan un efecto devastador en la aviación europea. Según el estudio de 2018, Consumer Rights Improve Service Quality, EU 261 es "altamente eficaz en la reducción de los retrasos de los vuelos". El estudio muestra que la regulación conduce a un 5% menos de retrasos en la UE. Según los datos de viaje de 2019, ya el 25% de los pasajeros de la UE han sufrido retrasos o cancelaciones. Si se aprueban los cambios propuestos para la regulación, se puede esperar ver que 10 millones de pasajeros adicionales sufrirán cada año.

Las comparaciones con el mercado de viajes aéreos similar en los EE.UU. también revelan los beneficios de la EU 261. Está claro que los EE.UU., que carecen de cualquier tipo de regulación para los retrasos de los vuelos, se enfrentan a una tasa mucho más alta de interrupciones graves, hasta 3 veces más que en la UE.

Las organizaciones de consumidores de toda Europa también están expresando su preocupación por los riesgos relacionados con un umbral de retraso más alto.

"Proporcionar una compensación sólo después de 5 horas llevará a los transportistas a no cancelar los vuelos sino a retrasarlos, para evitar el pago de compensaciones a los pasajeros", dijo recientemente Maria Pisanò, directora del Centro Europeo del Consumidor de Italia.