¿Qué debe tener una traducción para ser jurada?

Certificados matrimoniales, de nacimiento o defunción, de antecedentes penales o de notas.  Títulos y expedientes académicos. Pasaportes, DNI, visados. Documentos para trámites de adopción, sentencias, resoluciones judiciales o poderes notariales, así como escrituras de constitución de una empresa, estatutos de empresa, contratos o patentes están entre los escritos más frecuentes que requieren de traducciones juradas.

La traducción jurada, también llamada técnica, da fe pública de la fidelidad y veracidad de los contenidos, por ello, es necesaria para la documentación que tengamos que presentar ante una administración pública, órgano judicial o institución académica. En España, los únicos profesionales capacitados para hacer este trabajo son los traductores jurados, habilitados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, para traducir al español y viceversa, documentos de carácter oficial.

Hay tres elementos obligatorios sin los cuales la traducción jurada no tendrá validez: la fórmula en la que el traductor certifica la traducción, según se recogen en el anexo I de la Orden de 8 de febrero de 1996; el sello del traductor-intérprete jurado, conforme al apartado 6 del artículo 7 de la citada orden; y, por último, la firma del traductor-intérprete jurado.

No obstante, hay profesionales que añaden otros datos como el número de páginas del que consta la traducción o si la traducción se ha realizado a partir de un documento original o de una copia, incluso algunos, adjuntan una fotocopia sellada del documento a partir del cual se ha realizado la traducción. Otros adornan sus traducciones con la intención de ponderar más su carácter oficial. En este sentido utilizan papel timbrado o le ponen una portada. Sin embargo, a veces, la utilización de esos elementos innecesarios pueden confundir a los destinatarios de las traducciones, que terminan creyendo que son normas lo que tan solo son preferencias de determinados traductores jurados.

De hecho, estos usos han dado lugar, en algunas ocasiones, a que traductores jurados hayan sufrido el rechazo, por parte de algún organismo oficial, de sus trabajos por cuestiones formales, porque han creído, erróneamente, que los escritos debían cumplir unos requisitos que, en realidad, no recoge la normativa que los regula.