La Comisión para Europa de Naciones Unidas admite a trámite una denuncia contra la Junta de Andalucía por incumplir la normativa de derecho de acceso a la información medioambiental.
El derecho de acceder a la información medioambiental en poder de la Administración está reconocido de manera amplia a todos los ciudadanos. Además, la Administración tiene el deber de facilitar los cauces de acceso e incluso a tutelar administrativamente a los solicitantes. Los ciudadanos agrupados en entidades jurídicas sin ánimo de lucro, tienen también derecho a defenderse de las vulneraciones de tales derechos por parte de la Administración, recibiendo asistencia jurídica gratuita. Sin embargo, la Junt
El Estado español firmó en 2004 la conocida como Convención de Aarhus, una convención de Naciones Unidas, por la que los países ratificatorios reconocen el derecho de los ciudadanos a acceder a la información, participar en las decisiones y acceder a la justicia en temas medioambientales. Lógicamente se trata de una ampliación de los derechos ciudadanos que simplifica, acelera y facilita el derecho general de acceso a la información cuando se trata de temas relacionados con el medio ambiente.
La Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales (ASANDA) para dar cumplimiento a sus fines estatutarios, tiene frecuentemente necesidad de acceder a diversos documentos, datos y expedientes, relacionados con temas medioambientales, en poder de la Administración andaluza. Pero en opinión de ASANDA, la Junta de Andalucía no viene distinguiéndose por reconocer y facilitar tal derecho a sus administrados. Muy al contrario, la Administración andaluza parece entender que necesita defenderse de la acción popular a base de mantener una actuación opaca. Un ejemplo paradigmático de tal forma de actuar es el expediente en el que se ha fundamentado ASANDA para tramitar la denuncia contra la Administración andaluza ante la Convención Aarhus. Desde mediados de 2008 ASANDA está intentando acceder a los resultados de una inspección realizada por la Dirección General del Medio Natural al Parque Zoológico de Ayamonte. Un zoológico que normativamente debería estar clausurado y que, por razones no aclaradas, parece estar al abrigo de cualquier acción administrativa enérgica. Pero los resultados de una inspección de base medioambiental, realizada por funcionarios públicos a unas instalaciones públicas y financiada con presupuesto público, pretende ser calificada de confidencial por la Administración, utilizando para ello todos los recursos de los que dispone, incluso el de negar la asistencia jurídica gratuita para que un juez no pueda determinar de qué parte está la legalidad.
La Comisión Aarhus, tras recibir la denuncia de ASANDA junto con todas las pruebas documentales, tras un exhaustivo estudio ha decidido admitirla a trámite por entender que la denuncia cumple con todos los requisitos requeridos y que los hechos documentados tienen que ser tenidos como relevantes de una posible infracción. La decisión de admisibilidad ya ha sido comunicada a la parte denunciada.